El riesgo de encarcelamiento para los Internet Service Provider (ISP) representa una amenaza sin precedentes para el sector de las telecomunicaciones en Italia
Assoprovider, la asociación representativa de los pequeños y medianos proveedores de servicios de Internet en Italia, lanza una fuerte alarma respecto a las enmiendas recientemente aprobadas por las Comisiones de Presupuesto y Finanzas del Senado en el ámbito del DL Omnibus contra la piratería de TV y los eventos deportivos.
El punto de máxima criticidad es la introducción del riesgo de encarcelamiento para los Internet Service Provider (ISP) que no informen oportunamente sobre presuntas actividades ilícitas. Esta disposición representa una amenaza sin precedentes para el sector de las telecomunicaciones en Italia.
Las enmiendas en cuestión prevén:
1. La extensión de las obligaciones de bloqueo de contenidos difundidos ilegalmente también a los proveedores de servicios VPN y DNS disponibles públicamente.
2. La obligación para los proveedores de servicios de acceso a la red de informar inmediatamente a la autoridad judicial o a la policía judicial de cualquier actividad penalmente relevante de los que tengan conocimiento, pse prevé la reclusión de hasta un año por la omisión de la notificación.
«La introducción del riesgo de encarcelamiento para los ISP es una medida draconiana y desproporcionada. Esta norma no solo pone en peligro la libertad personal de los operadores del sector, sino que también corre el riesgo de paralizar todo el sistema de telecomunicaciones en Italia.», declara Giovanbattista Frontera, presidente de Assoprovider.
Assoprovider destaca los siguientes puntos críticos:
1. Riesgo de encarcelamiento injustificado: la amenaza de reclusión por una actividad de naturaleza técnica y comercial es sin precedentes e injustificada.
2. Imposibilidad práctica: los ISP no tienen las herramientas ni las competencias para determinar qué actividades son “penalmente relevantes”.
3. Sobrecarga del sistema judicial: el temor a sanciones penales podría llevar a un exceso de denuncias, saturando el sistema judicial.
4. Impacto en la competencia: esta norma afectará de manera desproporcionada a los operadores pequeños y medianos, que no tienen los recursos para implementar sistemas de monitoreo complejos.
5. Conflicto con la privacidad: la obligación de monitoreo choca con las normativas sobre la protección de datos personales, colocando a los ISP en una posición legal insostenible.
«Nos encontramos ante una encrucijada peligrosa. Por un lado, corremos el riesgo de ir a la cárcel si no reportamos actividades sospechosas. Por otro, podríamos violar las leyes de privacidad si monitoreamos excesivamente el tráfico de nuestros usuarios. Es una situación imposible para cualquier operador», subraya Frontera.
Assoprovider solicita una intervención inmediata del legislador para eliminar la amenaza de encarcelamiento y revisar en su totalidad estas enmiendas. La asociación está lista para colaborar para encontrar soluciones efectivas contra la piratería que no pongan en riesgo la libertad personal de los operadores y los derechos fundamentales de los usuarios.
«Estamos decididos a combatir la piratería, pero no podemos aceptar el riesgo de terminar en la cárcel por realizar nuestro trabajo. Solicitamos una revisión urgente de estas enmiendas y la apertura de una mesa de diálogo con todas las partes interesadas», concluye Frontera.