Primer informe comparativo UE: Delibera AGCOM n. 156/23/CONS

Un análisis del Centro Studi Assoprovider sobre las diferencias regulatorias entre Italia y la Unión Europea

El Centro Studi Assoprovider ha publicado el primero de una serie de informes dedicados a la comparación entre la normativa italiana y la de otros países de la Unión Europea, con especial atención a los impactos en los operadores de proximidad.

Este primer análisis se refiere a la Delibera AGCOM n. 156/23/CONS, que regula la calidad y transparencia de los servicios de acceso a Internet. La normativa italiana prevé la obligación para todos los operadores, sin excepciones, de utilizar la plataforma oficial MedidaInternet de la Fondazione Ugo Bordoni, con costos directos a su cargo.

¿Qué prevé la resolución?

  • Mediciones certificadas del rendimiento ofrecido a los clientes.
  • Uso exclusivo de la plataforma MisuraInternet FUB.
  • Costos de adhesión y gestión para los operadores.
  • Obligación de comunicar a los clientes los resultados y respetar los parámetros contractuales.
  • Ninguna exención para los pequeños proveedores de proximidad.

El debate europeo

De nuestro estudio se desprende que Italia es el único país de la UE que impone una plataforma obligatoria de pago. En los otros Estados miembros, cuando está presente, la plataforma es gratuita o facultativa, con regímenes simplificados para los operadores locales.

Esta diferencia crea una desventaja competitiva para los operadores italianos en comparación con sus colegas europeos, imponiendo un cumplimiento adicional oneroso dentro de un marco regulatorio que ya cuenta con 23 obligaciones específicas, entre las cuales Piracy Shield e ACN.

Próximos pasos

El informe es el primero de una serie que analizará otras normativas italianas en comparación con las de la UE. El objetivo es sentar las bases para señalar, en las sedes competentes, las disparidades que limitan la competitividad de los operadores italianos. Una vez aprobado el Ley de Redes Digitales – previsto per il 31 dicembre 2025 – estas diferencias podrán convertirse en objeto de revisión y armonización a nivel europeo.

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