Bortolotto, presidente de Assoprovider, en audiencia en la Cámara sobre la protección del derecho de autor: “Para los Pequeños Operadores los costos serían insostenibles”
Derechos de Autor, copyright, piratería: el fenómeno en Italia está principalmente vinculado a los partidos de fútbol, vistos en sitios de streaming que no poseen los derechos (alrededor de 11 millones de italianos los utilizan, datos Fapav/Ipsos), mientras disminuye el recurso a la descarga ilegal de música, películas, series de televisión.
Para contrarrestar el fenómeno, se han presentado tres propuestas de ley en los últimos años (en concreto, 1357 Butti, 2188 Capitanio e 2679 Zanella), que prevén nuevas disposiciones para prevenir y reprimir la difusión de contenidos protegidos por derechos de autor, a través de Internet.
En el examen de tales propuestas, las Comisiones reunidas de Cultura y Transportes de la Cámara han escuchado las opiniones de algunas asociaciones de categoría: además de Assoprovider, escuchada en calidad de asociación que reúne a los Operadores de Proximidad (ISP y WISP), participaron representantes de Aiip (Asociación Italiana de Proveedores de Internet), Fapav (Federación para la Protección de Contenidos Audiovisuales y Multimedia), la Siae y Aie (Asociación Italiana de Editores).
Para Assoprovider, intervinieron el presidente Dino Bortolotto y el abogado Fulvio Sarzana.
Bortolotto: “Costos insostenibles para los Operadores”
La discusión se centra esencialmente en un punto: ¿los Internet Service Provider tienen responsabilidades en la lucha contra la piratería? ¿Deberían intervenir directamente y de manera autónoma sobre quienes utilizan contenidos protegidos por derechos de autor?
En realidad, como señalan los participantes, los Operadores de Proximidad no obtienen ningún beneficio de la piratería y, de hecho, tienen todo que perder, sufriendo un daño económico debido al incremento de los volúmenes de tráfico.
El presidente Bortolotto recuerda entonces que “el punto óptimo de intervención contra la piratería debería ser el de origen y no el de destino”: en esencia, se debería intervenir sobre quienes "producen" y comparten los contenidos ilegales, no sobre los usuarios que los utilizan.
Por esta razón, los Operadores TLC no pueden ser consultados, dado que "soy el último eslabón de la cadena de transmisión, el sujeto más distante de quien está cometiendo el delito”.
En términos técnicos, un ISP debería intervenir con un denegación de servicio aplicado al destino sobre un origen ilícito. Para Bortolotto, tal posibilidad “está por verificarse en términos constitucionales: de hecho, existe el riesgo de que un privado decida de manera totalmente autónoma qué dirección IP debe ser bloqueada”, sin la intervención de la autoridad judicial.
No solo: ¿qué sucedería si, por un error material, se indicara una dirección IP incorrecta?
El presidente de Assoprovider da un ejemplo:
«Imaginemos qué podría suceder si por error se oscureciera la dirección IP en la que es posible controlar el Mose de Venecia: las consecuencias serían catastróficas».
Bortolotto también recuerda las posibles consecuencias económicas de tal intervención por parte de los ISP:
«Para los pequeños operadores, que nosotros representamos, tales costos pueden marcar la diferencia: nuestros asociados no pueden "distribuir" dicho importe sobre millones de usuarios, como podrían los grandes operadores de telefonía. De este modo, se afectarían los derechos económicos y empresariales de los ISP, garantizados por la Constitución.».
En conclusión, explica que Assoprovider siempre está dispuesta a “respetar siempre y en cualquier caso la ley”, pero también que “utilizará todas las herramientas a su disposición para contrarrestar decisiones que podrían representar un obstáculo a la libertad de empresa de los asociados”.
Revise las intervenciones completas de Dino Bortolotto y Fulvio Sarzana, a partir del minuto 21:
Sarzana: “Se corre el riesgo de violar normas de la UE”
Al discurso de Bortolotto, sigue la reflexión de Fulvio Sarzana, abogado, consultor legal de Assoprovider. Sarzana se centra en los posibles conflictos que las nuevas normas podrían crear con el derecho comunitario:
«La formulación de los proyectos de ley es anómala: estas normas, si se aprueban, podrían violar diversas disposiciones comunitarias, como por ejemplo las vigentes sobre el comercio electrónico, que prohíben un control preventivo por parte de los operadores sobre lo que ocurre en la Red.».
El derecho penal, además, prevé que “solo la autoridad judicial pueda establecer determinadas obligaciones e imposiciones”, recuerda el abogado.
Sarzana también insiste en el tema de los costos:
«Sabemos que la mayoría de las operaciones de violación de las normas sobre derechos de autor ocurre en el extranjero: las nuevas normas obligarían a los sujetos italianos, con costos muy elevados, a tener que intervenir para privar el acceso a los sitios extranjeros por parte de ciudadanos italianos.».Es por tanto inaceptable que tal “la aplicación se introduzca a nivel nacional, derogando la normativa comunitaria: por lo tanto, invito a reconsiderar las propuestas de ley, para precisarlas mejor y verificar su compatibilidad con las normas europeas”, concluye Sarzana.